Trump recorta la financiación de USAGM: Voz de América y Radio Europa Libre en riesgo
El presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva para reducir la Agencia Global de Medios, lo que pone en duda el futuro de Voz de América y otros canales financiados por el gobierno.
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El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reducir la Agencia de Medios Globales de EE. UU. (USAGM), que supervisa emisoras internacionales como Voz de América y Radio Europa Libre.
Según el documento, USAGM y otras seis agencias gubernamentales deben reducir al mínimo sus funciones no previstas por la ley.
La orden enfatiza la necesidad de eliminar divisiones y personal "innecesarios". Se espera que esto recorte significativamente la financiación de varios proyectos mediáticos.
Trump confió la implementación de las reformas a la ex presentadora de televisión Kari Lake, a quien nombró directora de Voz de América.
Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Lake ha criticado anteriormente a los medios tradicionales por su parcialidad contra Trump y ha declarado su intención de "poner orden" en USAGM.
Esta semana anunció la cancelación de contratos con Associated Press, Reuters y Agence France-Presse, que, según ella, eran "excesivamente costosos".
Los republicanos han expresado durante mucho tiempo su descontento con la política de USAGM, acusando a la agencia de parcialidad y de no apoyar suficientemente las posturas conservadoras.
El mes pasado, el empresario Elon Musk propuso la eliminación total de Voz de América y Radio Europa Libre, calificándolos de portavoces del Partido Demócrata.
Sin embargo, Lake declaró que no apoya el desmantelamiento total de estas plataformas mediáticas.
Anteriormente se informó que los sindicatos de diplomáticos y empleados de USAID presentaron una demanda contra la administración de Trump, exigiendo que se declaren ilegales los intentos de cerrar la agencia y congelar su financiación.
Aseguran que la disolución de USAID ha provocado una crisis humanitaria, despidos masivos y una amenaza a la seguridad nacional, argumentando que solo el Congreso tiene autoridad para decidir su disolución.
A pesar del proceso legal en curso, el Departamento de Estado ya ha aprobado una reducción significativa del personal, lo que, según los empleados, hará imposible el funcionamiento de la agencia.