Grecia lucha contra la crisis de vivienda: nuevas reglas para Airbnb desde otoño de 2024
El Primer Ministro de Grecia, Mitsotakis, anuncia control sobre Airbnb para solucionar la crisis de alquiler a largo plazo, comenzando en otoño de 2024
Kyriakos Mitsotakis, Primer Ministro de Grecia, en una reciente entrevista con "ΣΚΑΪ TV", enfatizó la necesidad de tomar medidas para resolver el problema de la escasez de viviendas de alquiler a largo plazo, causado por el aumento de los alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb.
Expresó su preocupación de que los barrios de Atenas puedan perder su carácter único y se conviertan solo en zonas para inquilinos a corto plazo.
Según sus palabras, las autoridades planean introducir nuevas medidas para aumentar la oferta de viviendas de alquiler a largo plazo, incluida la regulación del alquiler a corto plazo, que comenzará en otoño de 2024.
Los planes del gobierno incluyen establecer un plazo máximo de alquiler a corto plazo y limitar el número de propiedades que una persona puede alquilar a corto plazo.
También hay una propuesta para obligar a los propietarios de inmuebles que reciben la "visa dorada" a alquilar sus propiedades exclusivamente a largo plazo, con la cancelación de la visa en caso de incumplimiento.
Las estadísticas muestran un aumento significativo en el alquiler a corto plazo en Grecia, con un aumento en el número de registros en plataformas en línea y en el volumen de la economía compartida.
Esto es especialmente notable en Ática, donde el número de propiedades disponibles para alquiler a corto plazo alcanza las 11,000, mientras que en todo el país hay 140,000.
Además, en respuesta a las protestas masivas del verano pasado, provocadas por restricciones de acceso a las playas debido a la actividad comercial de los establecimientos costeros, el gobierno griego anunció la introducción de nuevas reglas para regular el acceso a la costa.
Anteriormente, Canadá decidió extender las restricciones para la adquisición de viviendas por parte de extranjeros hasta 2027, con el objetivo de controlar el aumento de los precios de la propiedad y asegurar la disponibilidad de viviendas para los ciudadanos del país.